A finales del año pasado, un número significativo de jefes de Estado se dieron cita en Copenhague (Dinamarca), con motivo de la Conferencia anual de las Partes (Cop) sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas, evento que estuvo rodeado de amplias expectativas que aún están por materializarse.
Tras aceptarse por consenso dentro del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que tal problema era una realidad ocasionada por la acción humana, se ha venido discutiendo en distintas reuniones internacionales, por lo menos desde 2007, el tema de acciones de mitigación y adaptación frente a los cambios ambientales pronosticados.
Cerca ya de la caducidad del protocolo de Kyoto, la cumbre de Copenhague (Dinamarca), llevada a cabo en diciembre de 2009, era percibida como el espacio propicio para crear un consenso entre los diferentes países en cuanto a políticas concretas dentro de un marco jurídico, que permitieran hacer frente al cambio climático.
Este encuentro ha recibido diversas críticas de funcionarios políticos y del sector de las ONG que trabajan con el medio ambiente, pues a pesar de que hubo voluntad política desde algunos mandatarios, las reglas de juego aún no están fijas y es endeble el acuerdo internacional respectivo.
Carlos Costa, ministro de Medio Ambiente y participante de la reunión de Copenhague, señala logros y vacíos que dejó la reunión, al rescatar que por, primera vez, se arrojan cifras claras, como el límite de ascenso del clima en el planeta, fijado en dos grados centígrados. Asimismo, se propuso que los países desarrollados movilizaran 30 mil millones de dólares para la mitigación del cambio climático.
Tanto el ministro como otros analistas del Foro Nacional Ambiental y la Plataforma Climática Latinoamericana, muestran que las expectativas frente a la definición de porcentajes de emisión de Co2 a corto y largo plazo, junto a las políticas de reducción de la deforestación y otros fenómenos que afectan el clima global están en el tintero y quitan respaldo a los acuerdos llegados en Copenhague.
“Se esperaban políticas de transferencia tecnológica a los países en vía de desarrollo, se desconoce qué pasará con el protocolo de Kyoto y con la financiación de los planes de adaptación”, agrega Carlos Costa.
El protocolo de Kyoto, con vigencia hasta el 2012 se estableció como medida internacional para controlar las emisiones de gases ambientalmente peligrosos. Se determinó que dentro de dos años, tales emisiones debían reducirse a un 95%de las que se presentaban en 1990. Este instrumento fue creado en 1992 dentro de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Una problemática que ha emergido en la discusión ambiental multilateral, es el compromiso que deben asumir las nuevas potencias económicas y el equilibrio entre lo que las naciones desarrolladas y las que están en vía de desarrollo deben propiciar a nivel de producción industrial. El ministro colombiano afirma que “los países en desarrollo no tenemos por qué asumir el mismo tipo de compromiso que los desarrollados porque, para aumentar nuestras emisiones, ellos tendrían que reducir hasta el 95% de las suyas”.
También menciona que en Colombia “tenemos que tomar decisiones y políticas internas que no dependan de la Convención de Cambio Climático en materia de deforestación, tecnología limpia y cultura ciudadana”.
Harman Idema, delegado de la embajada de Holanda y asistente al Foro Nacional Ambiental organizado por Corantioquia, explica que su país tiene definidos ciertos ejes prioritarios respecto a políticas internacionales sobre cambio climático que giran en torno de “propuestas de reglas de juego, arquitectura financiera para las mismas y el tema de un mercado de carbonos mundial”.
El funcionario holandés afirma que existe una desconfianza mutua entre los países participantes de la Convención que impediría nuevos logros en la próxima Conferencia de las Partes, que tendrá lugar al 2010 en Cancún, México.
Expertos en políticas ambientales como el ex ministro colombiano Manuel Rodríguez Becerra, señalan que ha imperado a lo largo de 20 años de discusión internacional sobre medio ambiente una “debilidad de sistema de construcción de tratados ambientales”, debido a que la preocupación por pérdidas económicas a corto plazo, ha opacado un interés sobre los eventos de importancia a largo plazo relacionados con un cambio climático.
Rodríguez hace hincapié en la falta de voluntad política de potencias como Estados Unidos y la situación de las economías emrgentes de China, India y Brasil, las cuales no se les ha incluido en el grupo de países que tendrían que reducir de forma significativa el número de emisiones de gas.
Ximena Barrera, directora de la World Wildlife Fund (WWF) para Colombia, concluye que el acuerdo de Copenhague “no genera convenio justo ni medidas de cumplimiento, y tiene un status legal y político incierto”, al agregar que el fracaso hasta el momento se debe a “falta de voluntad política”.
Un análisis más local de la influencia de un cambio ambiental para Antioquia y Colombia, fue presentado por el director general de Corantioquia, Luis Alfonso Escobar.
Entre los efectos más evidentes durante los últimos tiempos en el departamento, se registra un aumento en el nivel de las aguas en la región de Urabá y, por consiguiente, la pérdida de tierra. Otros daños que menciona Escobar, son la extinción masiva de especies y una alta cifra de daños en el bosque tropical de zonas como Chocó.
En términos internacionales la cumbre de Copenhague sentó un precedente que puede avanzar o declinar según las acciones y propuestas de los países que hacen parte de la Convención del Cambio Climático.
El país, por su lado, necesita definir qué acciones emprenderá para conservar el paisaje natural y trazar políticas energéticas nuevas y medidas tendientes a contrarrestar la deforestación, la emisión de gases por cuenta de la ganadería, el análisis de los pro y contra de los agrocombustibles, entre otros temas que los expertos ponen en la palestra en medio de la incertidumbre política referente al medio ambiente.
Hace menos de un mes se adoptó oficialmente el comparendo ambiental en Medellín, medida pedagógica y sancionatoria para los ciudadanos que incurren en actos que van en contravía del cuidado ambiental. A la fecha, la reglamentación de la ley a nivel municipal está en proceso de discusión por parte del Concejo y las dependencias encargadas de la administración municipal.
En el 2008 se aprobó la Ley 1259 que regula el comparendo ambiental en Colombia. El municipio de Medellín adoptó esta normatividad a partir del Acuerdo 077 de 2009, publicado oficialmente el 16 de marzo del presente año y aún con definiciones pendientes para aplicarse tal y como lo indica la legislación.
Según la Secretaria de Medio Ambiente, Lida Patricia Giraldo, en periodos anteriores a la expedición del Acuerdo, la Alcaldía ha implementado ciertas estrategias de conscientización ambiental en distintas comunidades y ha invertido en la compra de centros de acopio, en proyectos de manejo de residuos sólidos y recolección de escombros, así como en la recuperación de puntos críticos de desecho de basuras en Medellín. Sin embargo, esta gestión no forma parte de la implementación del comparendo ambiental, recién sancionado por la Alcaldía de Medellín.
Para el concejal impulsor del Acuerdo que regula el comparendo ambiental, Nicolás Albeiro Echeverri, es preocupante en primer lugar, la demora en la sanción del mismo, que al efectuarse en marzo, ha retrasado las respectivas tareas en el Concejo de Medellín. El concejal es crítico de algunas acciones educativas y proyectos ambientales de la administración como el plan de gestión integral de residuos sólidos (PEGIR), sobre el cual se presentó en debate del Concejo, la labor ambiental desarrollada por la Alcaldía.
Esta sesión plenaria sobre el comparendo ambiental puso en el tapete la necesidad de unificar tal política en las dependencias competentes, es decir, las Secretarías de Tránsito, Gobierno y Medio ambiente, junto con la Policía Ambiental, Empresas Varias y la Personería. Cada una de ellas ha planteado estrategias mejoradoras del medio ambientede manera independiente.
La falta de un plan de manejo de los fondos recaudados fue resaltada por la administración al afirmar que “se debe definir con prontitud, el Plan para la destinación de los recursos recaudados, ya que cada ente territorial tiene una interpretación diferente al respecto”. La Policía Ambiental propuso por su lado, la asignación de un presupuesto para las actividades de sensibilización de la comunidad sobre el comparendo ambiental. Esta institución no cuenta con dineros propios para llevar a cabo sus actividades, por lo que sugiere a la Alcaldía, invertir en capacitación ciudadana.
La Secretaría de Transportes y Tránsito es clara al recalcar que no se han formado los Comités de Control y Vigilancia contemplados para la aplicación del comparendo en conformidad con la ley nacional. El Secretario de Transportes encargado, Carlos Andrés Pérez, explica que debido a tales vacíos en la organización de la política, “las labores de la secretaría no están incorporadas a una orden de comparendo nacional”.
El concejal Jesús Aníbal Echeverri afirma que se ha hecho una ineficiente inversión y denuncia la problemática ambiental de la ciudad desde aristas como la dificultad operativa de la normatividad y la falta de conciencia ambiental en la ciudadanía, derivada de un desconocimiento de los derechos ambientales.
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En cuanto a la poca sensibilización ciudadana, varios concejales convergen, y el impulsor del debate, Nicolás Echeverri, como pronunciamiento sobre el informe presentado por la Alcaldía en el debate de hoy, apunta que la discusión debió centrarse en el comparendo ambiental y no en el pedagógico, y enuncia que “la respuesta sigue siendo insatisfactoria, los datos son históricos y sirven más como referentes”. Cuestiona entonces que hace falta medir “impactos ambientales positivos o negativos a raíz del comparendo pedagógico, el impacto de la tarifa a usuarios por cuenta del reciclaje”, así como otros factores referentes a la cultura ciudadana.
El concejal afirma que el objetivo del momento es medir la acción del comparendo ambiental en la comunidad, ya que a diferencia del pedagógico, implementado actualmente, aplica sanciones pecuniarias, lo que puede traer consigo demandas por mala aplicación de la ley y otras situaciones para prever. Señala además que es preciso conocer cuáles son las principales infracciones de la comunidad y entender que lo que se busca es “una campaña pedagógica liderada por la administración municipal que dé cuenta de que existe una herramienta llamada comparendo ambiental que le puede acarrear a la gente sanciones pecuniarias y pedagógicas con relación a la necesidad de ser un ciudadano más ético”.
Contexto.
La normatividad del comparendo ambiental, a nivel nacional, expedida mediante la ley 1259 de 2008, ha planteado la sanción pedagógica o económica de los individuos o entidades que cometan infracciones como: sacar la basura en horarios inadecuados, arrojar basura a la vía pública desde vehículos, abandonar escombros en sitios públicos, aguas o bosques; abandonar animales muertos en sitios inadecuados, permitir deposición de heces fecales en lugares no aptos, entre otras acciones.
Los infractores que sean personas naturales deberán asistir a charlas pedagógicas y si son reincidentes se le obliga a prestar por un día servicio social (barrer calles, limpiar alcantarillas). Si la falta reaparece, la multa será hasta por un millón de pesos.
Las personas jurídicas pagarán multas hasta por diez millones de pesos, y como consecuencia del no pago, su inmueble será sellado.
